Aprueban Diputados cárcel y
sanción para operadores de radios y TV´S “piratas”
De dos a seis años de prisión
a quienes operen con radiodifusores que no estén regulados y que laboren de
manera clandestina
Los integrantes de la
Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobaron reformas a
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal
para imponer sanción de dos a seis años de prisión, y de 100 a 300 unidades de
medida como multa a quienes operen como radiodifusores que no hayan sido
regularizados y trabajen de manera clandestina.
Los diputados aclararon que
esta reforma va en contra de las radios “pirata”, y no de las radios
comunitarias que sí están reguladas dentro en la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión.
El secretario de la Comisión
de Radio y Televisión, Benjamín Medrano (PRI), promovente de esta reforma,
señaló que entre 2013 y 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones
detectó 235 “estaciones piratas” de radio y televisión, que tendrían que haber
pagado alrededor de 11 millones 801,507 pesos por derechos anuales por el
otorgamiento de concesión.
Benjamín Medrano expuso que
la reforma también impide a quienes actual operan de manera irregular
radiodifusoras clandestinas, realizar los trámites de regularización, pues dijo
que primero optaron por violar la ley.
Añadió que quienes no cumplan
con la regulación, pueden incurrir en la comisión de un delito, por el que el
gobierno, a través de la autoridad correspondiente, puede ejercer acción penal
en contra del implicado.
El dictamen de las reformas
fue aprobado por 11 votos en favor, y tres en contra de PRD y Morena. Precisa
que quien use, aproveche o explore bandas de frecuencia del espectro
radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, se
le impondrá prisión de dos a seis años, además de que procederá el decomiso de
instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.
Con la reforma al artículo
304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que
las personas sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o
radiodifusión sin autorización, serán inhabilitadas para obtener, por sí o por
medio de otra persona, una concesión por un plazo de cinco años.
Durante la sesión de la Comisión,
el diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce (PRI) aseguró que si bien las radios
comunitarias tienen prohibido comercializar los tiempos, existen casos que lo
han convertido en un “negocio”, por lo que –advirtió- “no vamos a defender lo
indefendible”. Añadió que en Oaxaca y Chiapas hay emisoras usan el medio para
“mal informar”.
La presidenta de la Comisión
de Radio y TV en el recinto de San Lázaro, Lía Limón (PVEM), afirmó que estas
reformas “no atentan contra la libertad de expresión”, pues aseguró que no
deben confundirse las radio “pirata” con las radios comunitarias, debido a que
éstas últimas si están reguladas en la sección tercera de la ley de radio y
televisión.
Sin embargo, el diputado
Virgilio Caballero Pedraza (Morena) afirmó que esta reforma pretende
criminalizar a las radios comunitarias e indígenas que carezcan de permisos
para su operación. Consideró que la propuesta es
un retroceso para la democracia y la libertad de expresión, ya que significa
atentar contra un derecho categórico y establecido en la Constitución Mexicana
a favor de las comunidades para comunicarse y reconocerse como ciudadanos.
“Por vivencia propia, conozco
lo que representa para una comunidad tener su propio medio de comunicación que
proviene, precisamente, de la ausencia del interés de los medios comerciales
para atender la cultura, la lengua, las ideas y los problemas de ese sector de
la población”, aseveró. El diputado Sergio López Sánchez (PRD) consideró que
existen vicios en el proceso que se siguió para su análisis y dictaminación.
“Me parece que esta
iniciativa debió de cumplir con el procedimiento que marca nuestro reglamento,
en términos del artículo 173 y 174 y debió de dictaminarse en Comisiones Unidas
de Radio y Televisión y la Comisión de Justicia, porque contiene una reforma al
Código Penal Federal, por ello, no acompañaremos esa iniciativa y desde ahora,
manifestamos nuestro voto en contra”, destacó.
Se espera que el dictamen de
estas reformas sea presentado en los próximos días ante el pleno de la Cámara
de Diputados para su discusión y eventual aprobación para su turno al Senado de
la República, donde continuará el trámite legislativo.
Fuente: El Economista. Nota aquí
Jorge Monroy
