miércoles, 22 de noviembre de 2017

Premio Anaconda amplia el plazo para inscripciones.

Respondiendo a la solicitud de diferentes colectivos y realizadores y realizadoras audiovisuales, los organizadores del Premio Anaconda 2017-2018 “La imagen indígena y afrodescendiente de la amazonia, chaco y bosques tropicales de América Latina y el Caribe” ha decidido ampliar la convocatoria para la presentación de obras audiovisuales, hasta el próximo 30 de noviembre del año 2017.

Inscríbete aquí: Premio Anaconda



El objetivo del Premio Anaconda es contribuir al reconocimiento, valoración y respeto de las diferentes culturas y plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y la concreción de sus aspiraciones de auto desarrollo en plena interculturalidad y como aporte a la transformación social para el vivir bien o buen vivir.


El Premio Anaconda prevé una etapa de amplia difusión en comunidades indígenas y afrodescendientes de países amazónicos y de bosques tropicales y chaco entre diciembre y febrero de 2018, así como su divulgación en espacios culturales y alternativos a nivel nacional e internacional, muestras y eventos de cine y video. La muestra especial y premiación tendrá lugar en Asunción, Paraguay, en marzo de 2018.


viernes, 3 de noviembre de 2017

Tiempo electoral marca ritmo de políticas de radiodifusión.

Análisis sobre sanciones penales para medios comunitarios en México.

Foto: OBERVACOM

OBSERVACOM, 17 de octubre, 2017.- A partir de la decisión de la Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados en México, que aprobó reformas legales para imponer penas de prisión a los medios comunitarios, el analista de medios y vicepresidente de OBSERVACOM, Gabriel Sosa Plata, advirtió cómo “los intereses políticos se imponen a los derechos humanos”.

Sosa Plata consideró que la razón para aprobar reformas que van en contra de los derechos humanos reside en la preparación para las elecciones generales de 2018.

“Los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias”, señaló en la columna de opinión publicada hoy en el portal sinembargo.

A continuación reproducimos su artículo titulado “Criminalizar la libertad de expresión”.

Texto Aquí

jueves, 26 de octubre de 2017

Texto recomendado: No se metan con el derecho a comunicar.


Recomendamos el texto de Jorge Bravo

Para el teórico John Rawls la justicia debe maximizar el beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. En radiodifusión, los menos favorecidos son los medios comunitarios e indígenas: limitados recursos para operar, escasas frecuencias para comunicar, reducida potencia para cumplir con su función social. Además, se les opone una industria de la radio y la televisión que preferiría que no existieran, instituciones públicas insensibles a las condiciones particulares de los medios sociales, así como taras de las propias emisoras, organizaciones y comunidades que ven con desconfianza el papel de la autoridad frente al derecho a comunicar.

A su difícil situación se suma el injusto denuedo de algunos legisladores por condenar a las radios comunitarias que no tienen una concesión, llamándolas “piratas”, sancionando con dos a seis años de cárcel a sus trabajadores, multas de 100 a 300 unidades de medida para quienes seguramente no reciben un salario, negándoles el derecho a solicitar una concesión social por un plazo de cinco años por haber prestado servicios de radiodifusión sin autorización y decomisando sus equipos de transmisión.

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Fuente: El Economista.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Criminalizar la libertad de expresión

Por Gabriel Sosa Plata
SinEmbargo
octubre 17, 2017

Llevar a la cárcel a quien instala estaciones de radiodifusión sin concesión es contrario a los derechos humanos. Algo tan básico, no quiere ser asimilado o atendido por los diputados que en la Comisión de Radio y Televisión aprobaron una reforma que criminaliza esa actividad e ignora las recomendaciones que se han emitido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es obvio: los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias. Los intereses políticos se imponen a los derechos humanos.

La mano dura de los legisladores se da en un contexto que no podemos obviar: más periodistas asesinados. Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro

La iniciativa fue presentada por un Diputado del PRI, Benjamín Medrano, y ha contado con el respaldo de ese partido y del Partido Verde. Como lo han denunciado diversas organizaciones, como Artículo 19 y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, la reforma al artículo 172 del Código Penal se inspira en la legislación chilena, de los gobiernos militares, con el fin de imponer penas de dos a seis años de cárcel, multas de 100 a 300 días de salario mínimo, así como el decomiso de los equipos a las personas que utilicen las frecuencias sin la autorización correspondiente. También la iniciativa busca modificar el artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que aquellas personas sancionadas por la instalación de estas emisoras ilegales queden inhabilitadas para obtener directa o indirectamente concesiones durante un periodo de cinco años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) han establecido que en materia de libertad de expresión “las leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el empleo del derecho penal” (CIDH, RELE, “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, 2009). Sin embargo, históricamente, el gobierno mexicano ha actuado en un sentido distinto con operativos, en muchas ocasiones muy violentos, de desmantelamiento de estaciones ilegales y, desde luego, encarcelando a los impulsores de estos proyectos de comunicación.

Ante los organismos internacionales, el gobierno ha justificado sus operativos como una respuesta “a las denuncias que le son presentadas por algunos concesionarios de estaciones de radiodifusión que son afectados por la operación de las mismas” (RELE, “Informe especial sobre la libertad de expresión en México”, 2010), y con base en los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales que castigan penalmente el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorización. Ahora, como se aprecia, con la reforma al Código Penal se busca castigar con mano más dura y aumentar las sanciones consideradas en la LFTR, en cuyo artículo 305 sólo se prevé una sanción administrativa para quienes transmitan sin concesión, así como la incautación de todos los equipos e instalaciones utilizadas para estas emisoras.

En Twitter, legisladoras como Lía Limón, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, y representantes de la industria han defendido la iniciativa con el argumento de que buscan tutelar el derecho de libertad de expresión de los concesionarios ante interferencias en sus transmisiones y poner orden en la radiodifusión ilegal. También ayer, la organización Radio Independiente de México, que aglutina a radiodifusores locales, celebró la iniciativa, ya que busca “promover la cultura de la legalidad y el apego al estado de derecho”.

Nadie cuestiona tan loables objetivos, pero no es con acciones penales ni con represión como se logrará responder al desafío legal, democrático, que ha traído el crecimiento de radiodifusoras comunitarias e indígenas que operan sin permiso en decenas de poblaciones en nuestro país. La experiencia ha demostrado que la mayoría de estos proyectos no buscan perjudicar a la radiodifusión comercial en sus negocios, la competencia o limitar su libertad de expresión, sino que nacen de la necesidad de ofrecer un servicio social a las comunidades ante la ausencia u oferta muy limitada de canales de comunicación. Además, utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos, pero que por un pésimo diseño de la política pública ha permitido la creación de oligopolios radiofónicos en detrimento, justo, de la diversidad y pluralidad en los contenidos, al igual que en la función social que le es inherente y obligatoria a los medios electrónicos.

La mano dura de los legisladores se da en un contexto que no podemos obviar: más periodistas asesinados, un incremento en el número de agresiones a comunicadores y medios de comunicación, así como la expulsión de periodistas y analistas críticos en la radio. La libertad de expresión vive, como los derechos humanos en su conjunto, una grave crisis en México, totalmente inaceptable. Por eso, el poder legislativo no debe aprobar la iniciativa que apoya la Comisión de Radio y Televisión. Y si nuestros representantes tienen dudas sobre su pertinencia, hablen con los expertos internacionales, especialmente con el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, o con el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, David Kaye, para que analicen lo que se pone en juego con una reforma como esta.

jueves, 12 de octubre de 2017

La brigada PUIC - UNAM trabajando con Radio Totopo

A raíz del sismo del 07 de septiembre de 2017, que afectó el sureste de México, la radio comunitaria binizaà Radio Totopo, se ha convertido en un centro de acopio y distribución de ayuda a la población binizaà e ikoot que habita en diversas colonias y barrios de la ciudad de Juchitán; así como, de diversas comunidades aledañas, entre las que se encuentran San Mateo del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán, Comitancillo, etc. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM), a través de su Seminario de Radio y Comunicación Indígena, entró en comunicación con diversas radios comunitarias para conocer los daños y afectaciones sufridos por sus comunidades, siendo ésta radiodifusora la que realizó los reportes de mayores afectaciones a la población que atiende. Por tal motivo, con el objetivo de apoyar a la población indígena, hacer un recorrido de evaluación de la situación y entregar 12 toneladas de ayuda en diversos artículos, una brigada del PUIC-UNAM acudió a la zona,  entre el 29 de septiembre y el 02 de octubre. Este video, que realizamos con autorización de la radio, muestra el trabajo tan importante que desempeña en beneficio de la población afectada, a pesar de estar fuera del aire por las fuertes afectaciones que sufrió su inmueble.