jueves, 26 de octubre de 2017

Texto recomendado: No se metan con el derecho a comunicar.


Recomendamos el texto de Jorge Bravo

Para el teórico John Rawls la justicia debe maximizar el beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. En radiodifusión, los menos favorecidos son los medios comunitarios e indígenas: limitados recursos para operar, escasas frecuencias para comunicar, reducida potencia para cumplir con su función social. Además, se les opone una industria de la radio y la televisión que preferiría que no existieran, instituciones públicas insensibles a las condiciones particulares de los medios sociales, así como taras de las propias emisoras, organizaciones y comunidades que ven con desconfianza el papel de la autoridad frente al derecho a comunicar.

A su difícil situación se suma el injusto denuedo de algunos legisladores por condenar a las radios comunitarias que no tienen una concesión, llamándolas “piratas”, sancionando con dos a seis años de cárcel a sus trabajadores, multas de 100 a 300 unidades de medida para quienes seguramente no reciben un salario, negándoles el derecho a solicitar una concesión social por un plazo de cinco años por haber prestado servicios de radiodifusión sin autorización y decomisando sus equipos de transmisión.

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Fuente: El Economista.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Criminalizar la libertad de expresión

Por Gabriel Sosa Plata
SinEmbargo
octubre 17, 2017

Llevar a la cárcel a quien instala estaciones de radiodifusión sin concesión es contrario a los derechos humanos. Algo tan básico, no quiere ser asimilado o atendido por los diputados que en la Comisión de Radio y Televisión aprobaron una reforma que criminaliza esa actividad e ignora las recomendaciones que se han emitido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es obvio: los legisladores actúan con agenda política ante las elecciones de 2018 y buscan congraciarse así con un sector de la industria que comparte esa visión estrecha del problema de la radiodifusión ilegal y, claro, de los derechos de las audiencias. Los intereses políticos se imponen a los derechos humanos.

La mano dura de los legisladores se da en un contexto que no podemos obviar: más periodistas asesinados. Foto: Artemio Guerra Baz, Cuartoscuro

La iniciativa fue presentada por un Diputado del PRI, Benjamín Medrano, y ha contado con el respaldo de ese partido y del Partido Verde. Como lo han denunciado diversas organizaciones, como Artículo 19 y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México, la reforma al artículo 172 del Código Penal se inspira en la legislación chilena, de los gobiernos militares, con el fin de imponer penas de dos a seis años de cárcel, multas de 100 a 300 días de salario mínimo, así como el decomiso de los equipos a las personas que utilicen las frecuencias sin la autorización correspondiente. También la iniciativa busca modificar el artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que aquellas personas sancionadas por la instalación de estas emisoras ilegales queden inhabilitadas para obtener directa o indirectamente concesiones durante un periodo de cinco años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) han establecido que en materia de libertad de expresión “las leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el empleo del derecho penal” (CIDH, RELE, “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente”, 2009). Sin embargo, históricamente, el gobierno mexicano ha actuado en un sentido distinto con operativos, en muchas ocasiones muy violentos, de desmantelamiento de estaciones ilegales y, desde luego, encarcelando a los impulsores de estos proyectos de comunicación.

Ante los organismos internacionales, el gobierno ha justificado sus operativos como una respuesta “a las denuncias que le son presentadas por algunos concesionarios de estaciones de radiodifusión que son afectados por la operación de las mismas” (RELE, “Informe especial sobre la libertad de expresión en México”, 2010), y con base en los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales que castigan penalmente el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin autorización. Ahora, como se aprecia, con la reforma al Código Penal se busca castigar con mano más dura y aumentar las sanciones consideradas en la LFTR, en cuyo artículo 305 sólo se prevé una sanción administrativa para quienes transmitan sin concesión, así como la incautación de todos los equipos e instalaciones utilizadas para estas emisoras.

En Twitter, legisladoras como Lía Limón, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, y representantes de la industria han defendido la iniciativa con el argumento de que buscan tutelar el derecho de libertad de expresión de los concesionarios ante interferencias en sus transmisiones y poner orden en la radiodifusión ilegal. También ayer, la organización Radio Independiente de México, que aglutina a radiodifusores locales, celebró la iniciativa, ya que busca “promover la cultura de la legalidad y el apego al estado de derecho”.

Nadie cuestiona tan loables objetivos, pero no es con acciones penales ni con represión como se logrará responder al desafío legal, democrático, que ha traído el crecimiento de radiodifusoras comunitarias e indígenas que operan sin permiso en decenas de poblaciones en nuestro país. La experiencia ha demostrado que la mayoría de estos proyectos no buscan perjudicar a la radiodifusión comercial en sus negocios, la competencia o limitar su libertad de expresión, sino que nacen de la necesidad de ofrecer un servicio social a las comunidades ante la ausencia u oferta muy limitada de canales de comunicación. Además, utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos, pero que por un pésimo diseño de la política pública ha permitido la creación de oligopolios radiofónicos en detrimento, justo, de la diversidad y pluralidad en los contenidos, al igual que en la función social que le es inherente y obligatoria a los medios electrónicos.

La mano dura de los legisladores se da en un contexto que no podemos obviar: más periodistas asesinados, un incremento en el número de agresiones a comunicadores y medios de comunicación, así como la expulsión de periodistas y analistas críticos en la radio. La libertad de expresión vive, como los derechos humanos en su conjunto, una grave crisis en México, totalmente inaceptable. Por eso, el poder legislativo no debe aprobar la iniciativa que apoya la Comisión de Radio y Televisión. Y si nuestros representantes tienen dudas sobre su pertinencia, hablen con los expertos internacionales, especialmente con el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, o con el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, David Kaye, para que analicen lo que se pone en juego con una reforma como esta.

jueves, 12 de octubre de 2017

La brigada PUIC - UNAM trabajando con Radio Totopo

A raíz del sismo del 07 de septiembre de 2017, que afectó el sureste de México, la radio comunitaria binizaà Radio Totopo, se ha convertido en un centro de acopio y distribución de ayuda a la población binizaà e ikoot que habita en diversas colonias y barrios de la ciudad de Juchitán; así como, de diversas comunidades aledañas, entre las que se encuentran San Mateo del Mar, Unión Hidalgo, Ixhuatán, Comitancillo, etc. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM), a través de su Seminario de Radio y Comunicación Indígena, entró en comunicación con diversas radios comunitarias para conocer los daños y afectaciones sufridos por sus comunidades, siendo ésta radiodifusora la que realizó los reportes de mayores afectaciones a la población que atiende. Por tal motivo, con el objetivo de apoyar a la población indígena, hacer un recorrido de evaluación de la situación y entregar 12 toneladas de ayuda en diversos artículos, una brigada del PUIC-UNAM acudió a la zona,  entre el 29 de septiembre y el 02 de octubre. Este video, que realizamos con autorización de la radio, muestra el trabajo tan importante que desempeña en beneficio de la población afectada, a pesar de estar fuera del aire por las fuertes afectaciones que sufrió su inmueble.


miércoles, 11 de octubre de 2017

Taller Gratuito de Producción de Cápsulas Radiofónicas

¿Te interesa la producción de radio con perspectiva de derechos humanos? Si vives en la CDMX este taller impartido por Boca de Polen Red de Comunicadores te puede interesar.

Taller Gratuito. Cupo Limitado.


martes, 10 de octubre de 2017

Manual de Telefonía Celular Comunitaria

¿Es posible competir con las grandes telefónicas e instalar tu propio sistema de telefonía comunitaria? Desde México responden que sí.


En 2013 inició operaciones la primera red de Telefonía Celular Comunitaria indígena en la comunidad Villa Talea de Castro en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, en un esquema de red privada y utilizando un segmento del espectro atribuido a uso libre.
El presente manual es el resultado de dos años de investigación en los que, a partir de la sistematización de la experiencia, se identificaron elementos esenciales presentes en el modelo que posibilite a otros interesados la aplicación de un modelo similar en otras regiones de México o incluso en otros países.

El manual está dirigido tanto a diseñadores de política pública, emprendedores sociales y comunidades interesadas en instrumentar el modelo de Telefonía Celular Comunitaria para atender necesidades de comunicación en zonas apartadas y distantes.

lunes, 9 de octubre de 2017

Radio Totopo hace un llamado a continuar apoyando a Juchitán.

La mañana de este lunes 09 de octubre de 2017, Radio Totopo realizó un recorrido por calles de Juchitán para apoyar a diversos vecinos en la remosión de escombros ante el derrumbe de sus casas por el terremoto del pasado 07 de septiembre de 2017. Carlos Sánchez, su director, hace un llamado para que brigadistas voluntarios acudan en apoyo a la radio y a la comunidad que ésta sirve.


Recuerda que a consecuencia del citado desastre natural,  Radio Totopo se ha convertido en un centro de acopio y distribución de ayuda a la población binizaà e ikoot que habita en diversas colonias y barrios de la ciudad de Juchitán; así como, de diversas comunidades comunidades aledañas. 

La radio en estos momentos no ha podido reanudar sus transmisiones, pues la casa que renta para dicho propósito resultó dañada y no está en condiciones de ser habitada. Sin embargo, el probado trabajo de servicio a la comunidad, ha posibilitado que la radio continúe brindando apoyo a su comunidad, tal y como se puede observar en este segundo video.

  
Sin embargo, debido a las grandes necesidades la ayuda no es suficiente y debe de ser enviada de forma constante.  
Por tal motivo, el miércoles 24 de octubre, saldremos con todas las donaciones que hayamos recolectado. Si puedes donar alguno de los siguientes artículos se te agradecerá públicamente en la radio una vez que ésta haya retomado sus transmisiones.



SE NECESITA:



   Lonas gruesas y sus arreos de montaje: cuerdas, estructuras, pijas, etc. Tiendas de campaña.

   Alimentos no perecederos en paquetes individuales de un kilo o un litro: Alimentos enlatados (atún, sardinas, verduras, frijoles, etc); leche en polvo; aceite; sopa en pasta; granos en bolsa (arroz, frijol, lentejas principalmente); avena; galletas; café; azúcar; sal.

  Artículos de higiene personal: papel sanitario; toallas sanitarias; cepillos de dientes; pasta de dientes; jabón en pastilla; champú y rastrillos.
   Artículos de limpieza: Jabón en polvo; pino; cloro; escobas; jerga; cubetas; cepillos; jaladores.
 Medicamentos: Alcohol, agua oxigenada, ibuprofeno, paracetamol, vendas, gasas para limpiar heridas, merthiolate, jeringas, cubrebocas, analgésicos.

   Herramientas de construcción: palas, picos, marros, carretillas, cinceles, mazos, barretas.

   Ropa de trabajo para voluntarios: botas con casquillo, guantes de carnaza, chalecos con reflejantes, cascos, cinturones para herramienta.



Todo esto se recibe en: Río Magdalena 100, col. La Otra Banda, Delg. Álvaro Obregón, c.p. 01090, CDMX. Frente a Plaza Loreto. Horario: lunes a viernes, de 09 -19 hrs. Desde lunes 09 hasta martes 24 de ocrubre de 2017.

Preguntar por: JUAN MARIO PÉREZ MARTÍNEZ.

El SRCI condena el asesinato de comunicadora indígena kokonuko



El Seminario de Radio y Comunicación Indígena de la UNAM, lamenta profundamente y condena el asesinato de Efigenia Vásquez Astudillo, comunicadora indígena del Pueblo Kokonuko, " madre, comunicadora, mujer indígena dadora de vida, transmisora de la fuerza y sabiduría de su pueblo";
quien perdió la vida en medio del desalojo por parte del ESMAD en Aguatibias, territorio del Pueblo Kokonuko en Puracé, Cauca, Colombia. Comunicadora miembro del Concejo Regional Índigena del Cauca CRIC y de la Organización Nacional Índigena de Colombia - ONIC, la muerte de Efigenia Vásquez debe ser esclarecida y castigada conforme a las leyes de aquel país y los convenios internacionales suscritos en la materia.


La protección a los comunicadores indígenas debe ser prioritaria en los países que aspiran a consolidar democracias modernas. 

Revisa aquí la NOTA del ONIC. 

domingo, 8 de octubre de 2017

Transmisión colectiva de radios comunitarias ante su criminalización en México

Es lamentable que en un momento en donde el país ha sido azotado por terremotos y huracanes; en un momento en donde la información es vital para la sobrevivencia de comunidades indígenas; en donde la desinformación actúa a favor de autoridades y, secundada por los medios masivos, inhibe la organización social, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados en su LXIII Legislatura, insista en criminalizar los procesos autorgestivos de comunicación indígena comunitaria.

Con el claro propósito de restar fuerza a los importantes procesos de organización social, como los surgidos para hacer frente a la tragedia provocada por los sismos en diferentes puntos de las zonas afectadas, los legisladores aprobaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal, para imponer sanción de dos a seis años de prisión a quienes operen radiodifusoras sin contar con una concesión.


Por tal motivo, diversas radios comunitarias realizarán el lunes 09 de octubre, una transmisión colectiva en repudio a que tal reforma sea votada en el pleno de la Cámara. 

Enlázate a tu radio comunitaria de confianza y escucha los posicionamientos de las diferentes radios que día a día, realizan el esfuerzo de existir.

viernes, 6 de octubre de 2017

Concierto a beneficio de Juchitán y por la reconstrucción de Radio Totopo

Tu donativo será para la reconstrucción de las instalaciones de RADIO TOTOPO, la única radiodifusora de Juchitán que transmite a la población indígena zapoteca y huave en su lengua materna.

Ante un escenario en donde no deja de llover y temblar, la información que transmite la radio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ayúdanos a reconstruirla y haz posible que continúe su labor informativa en apoyo de la población que actualmente no tiene un techo! 

Los víveres que dones, serán entregados directamente a la población a través de Radio Totopo.


Sattva Jazz Proyect presenta disco. Boletín.
Sábado 7 de Octubre 2017
12 hrs.
Fundación Sebastian. Av. Patriotismo 304 col. San Pedro de los Pinos, CDMX.

jueves, 5 de octubre de 2017

Diputados aprueban cárcel para comunicadores radiofónicos sin concesión

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Aprueban Diputados cárcel y sanción para operadores de radios y TV´S “piratas”

De dos a seis años de prisión a quienes operen con radiodifusores que no estén regulados y que laboren de manera clandestina

Los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal para imponer sanción de dos a seis años de prisión, y de 100 a 300 unidades de medida como multa a quienes operen como radiodifusores que no hayan sido regularizados y trabajen de manera clandestina.

Los diputados aclararon que esta reforma va en contra de las radios “pirata”, y no de las radios comunitarias que sí están reguladas dentro en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El secretario de la Comisión de Radio y Televisión, Benjamín Medrano (PRI), promovente de esta reforma, señaló que entre 2013 y 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones detectó 235 “estaciones piratas” de radio y televisión, que tendrían que haber pagado alrededor de 11 millones 801,507 pesos por derechos anuales por el otorgamiento de concesión.

Benjamín Medrano expuso que la reforma también impide a quienes actual operan de manera irregular radiodifusoras clandestinas, realizar los trámites de regularización, pues dijo que primero optaron por violar la ley.

Añadió que quienes no cumplan con la regulación, pueden incurrir en la comisión de un delito, por el que el gobierno, a través de la autoridad correspondiente, puede ejercer acción penal en contra del implicado.

El dictamen de las reformas fue aprobado por 11 votos en favor, y tres en contra de PRD y Morena. Precisa que quien use, aproveche o explore bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con autorización o concesión, se le impondrá prisión de dos a seis años, además de que procederá el decomiso de instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza.

Con la reforma al artículo 304 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que las personas sancionadas por prestar servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin autorización, serán inhabilitadas para obtener, por sí o por medio de otra persona, una concesión por un plazo de cinco años.

Durante la sesión de la Comisión, el diputado Miguel Ángel Ramírez Ponce (PRI) aseguró que si bien las radios comunitarias tienen prohibido comercializar los tiempos, existen casos que lo han convertido en un “negocio”, por lo que –advirtió- “no vamos a defender lo indefendible”. Añadió que en Oaxaca y Chiapas hay emisoras usan el medio para “mal informar”.

La presidenta de la Comisión de Radio y TV en el recinto de San Lázaro, Lía Limón (PVEM), afirmó que estas reformas “no atentan contra la libertad de expresión”, pues aseguró que no deben confundirse las radio “pirata” con las radios comunitarias, debido a que éstas últimas si están reguladas en la sección tercera de la ley de radio y televisión.

Sin embargo, el diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) afirmó que esta reforma pretende criminalizar a las radios comunitarias e indígenas que carezcan de permisos para su operación. Consideró que la propuesta es un retroceso para la democracia y la libertad de expresión, ya que significa atentar contra un derecho categórico y establecido en la Constitución Mexicana a favor de las comunidades para comunicarse y reconocerse como ciudadanos.

“Por vivencia propia, conozco lo que representa para una comunidad tener su propio medio de comunicación que proviene, precisamente, de la ausencia del interés de los medios comerciales para atender la cultura, la lengua, las ideas y los problemas de ese sector de la población”, aseveró. El diputado Sergio López Sánchez (PRD) consideró que existen vicios en el proceso que se siguió para su análisis y dictaminación.

“Me parece que esta iniciativa debió de cumplir con el procedimiento que marca nuestro reglamento, en términos del artículo 173 y 174 y debió de dictaminarse en Comisiones Unidas de Radio y Televisión y la Comisión de Justicia, porque contiene una reforma al Código Penal Federal, por ello, no acompañaremos esa iniciativa y desde ahora, manifestamos nuestro voto en contra”, destacó.

Se espera que el dictamen de estas reformas sea presentado en los próximos días ante el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación para su turno al Senado de la República, donde continuará el trámite legislativo.

Fuente: El Economista. Nota aquí
Jorge Monroy

Impulsan en San Lázaro castigos a radios comunitarias incómodas

Periódico La Jornada Jueves 5 de octubre de 2017

Con el argumento que desde sus radios comunitarias las comunidades indígenas hablan en contra del gobierno, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para sancionar hasta con seis años de prisión a quienes operen estaciones sin contar con la concesión respectiva.

Con 11 votos de PRI, PAN y PVEM, y tres en contra de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD, la comisión avaló la propuesta del empresario Benjamín Medrano (PRI), ex alcalde de Fresnillo y organizador de las ferias de Zacatecas y de Nayarit.

La semana pasada, para defender a su amiga y compañera de bancada Carmen Salinas –quien también votó ayer el dictamen– de las críticas por su falta de preparación, Medrano declaró en Zacatecas que la oposición incluye como diputados plurinominales a indígenas que no saben leer ni escribir.

La modificación también prevé el decomiso de los instrumentos, objetos o producto del delito, cualquiera que sea su naturaleza, definición que fue cuestionada por Virgilio Caballero (Morena) durante la reunión de trabajo de la comisión.

Refirió que el párrafo segundo del artículo séptimo de la Constitución define que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión y que en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Caballero alertó que de aprobarse la redacción propuesta por Medrano, estaremos violando la Constitución.

En respuesta, el legislador del PRI exclamó: No va a ir Lía Limón (PVEM, presidenta de la comisión) ni yo a decomisar nada. ¡Va a ser el Estado! ¡No vamos a ir como perros a quitarles sus instrumentos!

Durante el intercambio de opiniones, Virgilio Caballero resaltó que las estaciones comunitarias operan en pueblos donde la sociedad civil está alejada e incomunicada y decide informarse, sin el lucro con el que operan las empresas. Las radios comunitarias no hacen negocio, no lucran. Esta comisión debe distinguir entre comercio y el derecho a expresarse. ¿Vamos a criminalizar lo que no pudo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con su campaña: Se busca por robo, insistió.

Sin embargo, Medrano sostuvo que él prefería equivocarse y aunque tiene vínculos con los principales empresarios de la radio en Zacatecas, expuso que esto no es personal.

En su respaldo, el también priísta Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien ha trabajado en la principal cadena de radio privada en el estado de México, resaltó: Sí hacen negocio. No podemos defender lo indefendible. Sí es un delito. Y usan las radios para mal informar y hablar contra el gobierno.

Fuente: La Jornada Nota aquí
Roberto Garduño y Enrique Méndez

miércoles, 4 de octubre de 2017

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA INICIATIVA CRIMINALIZADORA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

  El Seminario de Radio y Comunicación Indígena, del PUIC-UNAM, suscribe el presente comunicado presentado por diversos medios de comunicación comunitarios y organizaciones no gubernamentales.

 

Rechazamos  la iniciativa presentada por el Diputado priista Benjamín Medrano Quezada ante la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, que pretende modificar el Código Penal Federal para castigar hasta con seis años de cárcel el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin concesión.