
viernes, 31 de julio de 2009
Piden diputados a Segob dar tregua a radios indígenas y comunitarias

jueves, 30 de julio de 2009
Estándar digital de radio, en breve

En el acuerdo publicado por la SCT el 15 de septiembre de 2008, por el cual se establecen los requisitos para realizar el cambio de frecuencias de AM por las de FM, se fijó a la Cofetel un plazo máximo de un año para definir el estándar digital para las radiodifusoras del país.
Comunicadores Mapuche se reunieron con Relator de Libertad de Expresión de la ONU

La consulta: Diálogo y consenso con los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México

miércoles, 29 de julio de 2009
La SCT desmantela Radio Vida en Puebla
Radios comunitarias y libertad de expresión
martes, 28 de julio de 2009
Injusticia contra mujeres ñha-ñhu
REFORMA. 28 jul. 09 PLAZA PÚBLICA
Por Miguel Ángel Granados Chapa
Está corriendo el término de 15 días para que la Procuraduría General de la República responda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si acepta su recomendación 47/2009, relativa a la prisión que padecen desde 2006 tres mujeres ñha-ñhu, acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación. Si la acusación y la primera sentencia en su contra contuvieran elementos de verdad, se comprendería la ineficacia del gobierno federal en su combate a la inseguridad, ya que seis fornidos policías federales habrían sido retenidos por la fuerza de tres frágiles señoras.
El asunto, sin embargo, no es risible. Ha supuesto la pérdida de la libertad desde hace tres años de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, cuyo derecho "a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia" fue vulnerado "mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de lo que fuera" la AFI, según se lee en el comunicado en que el 19 de julio la CNDH participa del envío de su recomendación a la PGR.
Invitación a Documental
que se llevara a cabo el 4 de agosto de 2009, a las 16:00 hrs,
Sufren mayores represiones comunicadores indígenas
Decenas de comunicadores indígenas que laboran en radios comunitarias se enfrentan constantemente a la represión por parte de las autoridades, ya que la mayoría de estos medios son de denuncia. El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría para Pueblos Indígenas (CEDHAPI) Maurilio Santiago Reyes, dio a conocer que todos los indígenas que están en estas radios son perseguidos y asesinados, pues se convierten en una voz muy fuerte para las comunidades que denuncian las violaciones a sus derechos.
En la región Mixteca solamente se han dado a conocer 5 casos de muertes de comunicadores indígenas, pero hay otras que muchas veces no son denunciados como se debiera. “Lamentablemente estos comunicadores trabajan en comunidades muy pequeñas por lo cual estas agresiones se quedan apagadas, pero como organización sabemos que hay riesgos y amenazas para los comunicadores” indicó el defensor de derechos humanos.
Todos aquellos que hacen una labor de denuncia no son reconocidos, sin embargo, para las comunidades tienen un valor al contar con un espacio de expresión. Los comunicadores de las radios comunitarias son asesinados o acusados de delincuentes pero nunca reconocidos como comunicadores.
“Considero que una radio va a ser atacada en base a su mensaje que emite, si su mensaje no afecta los intereses del gobierno no va a pasar nada, pero si su información o contenido es de despertar, de denuncia o de capacitación pues claro que van a ser perseguidos”, reitero el director del CEDHAPI. La libertad de expresión existe solo a medias, en casi todos los medios de comunicación, la gente está vetada para emitir sus opiniones.
Pie de fotos: Comunicadoras de la región triqui, integrantes de la red de radiodifusoras indígenas
lunes, 27 de julio de 2009
II Muestra de Cine y Vídeo Indígena en la Ciudad de México

Esta muestra busca exponer el quehacer de creadoras y creadores indígenas en el desarrollo cultural, en el registro y difusión de sus historias y aportes a la sociedad en general, contribuyendo así a mostrar el mundo indígena desde otra perspectiva con la visión e identidad cosmogónica de las creadoras y los creadores, creando espacios para la exposición, y ubicando a los miembros de la comunidad indígena como protagonistas de sus propias historias y quehaceres.
Al no contar con tecnología y medios de comunicación para la difusión de sus trabajos es negar sus derechos de supervivencia, difusión y continuidad de sus saberes y conocimientos de los pueblos indígenas es atentar a la no transmisión a nuevas generaciones de estos conocimientos debido a esta dinámica cultural cambiante.
Es necesario transformar y contribuir en canales donde se puedan fortalecer y mostrar estos trabajos, que permita el fortalecimiento de la identidad y empoderamiento de las mujeres indígenas.
Es por ello que; la Red Social de Mujeres Indígenas en el Distrito Federal está encaminada a construir equidad social e incluyente entre comunidades indígenas y la sociedad en general y lazos de colaboración y solidaridad entre comunidades de mujeres indígenas de la ciudad con organizaciones de la sociedad civil, escuelas, universidades e instituciones del orden público. En ese sentido, la Muestra pretende hacer uso de los medios de comunicación, en este caso específico el cine y radio, para crear espacios de sensibilización hacia las culturas originarias y consolidar el fortalecimiento de la diversidad y la interculturalidad.
El Estado reprime el trabajo de las radios comunitarias
MEXICO, D.F., julio 20 (EL UNIVERSAL).- Las radios comunitarias acusan represión por parte del Estado. En lo que va de la actual administración, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha denunciado el allanamiento en al menos tres radios comunitarias de Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, a donde ha llegado la Policía Federal con violencia para asegurar los equipos.
Los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron porque el Estado garantice la apertura de espacios democráticos en los medios y otorgue permisos para operar radios del Estado, privadas y comunitarias.
Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU, manifestó en una entrevista con la sección KIOSKO de EL UNIVERSAL, que los actos de represión contra las radios comunitarias son una tendencia en Latinoamérica.
Aleida Calleja, vicepresidenta internacional de AMARC, informó que en México operan alrededor de 200 radios comunitarias, de las que sólo 13 tienen permiso y otras seis esperan recibir la autorización. Sin embargo, destacó que eso se debe a que no hay mecanismos que agilicen la entrega de los permisos y son cada vez más las dificultades que tienen que sortear para poder operar.
“A veces el argumento es que las radios comunitarias corren el riesgo de ser empleadas por grupos criminales para incitar a la violencia o cosas así, pero nosotros decimos que mientras no haya una regulación adecuada también ese riesgo lo corren las estaciones comerciales por ilícitos como el lavado de dinero”, consideró Aleida Calleja.
Rosa Cruz, integrante de la radio comunitaria Uekakua, del municipio de Ocumicho, Michoacán, denunció que el 29 de enero pasado, 100 elementos de la AFI acudieron a las instalaciones y “con uso desmedido de la fuerza” cerraron la estación. “La policía nos amenazó a todos los que estábamos ahí, incluso a niños. A uno de ellos le taparon la boca y le lastimaron la mano”, relató.
Aseguró que desde 2002 solicitaron permiso para transmitir, pero nunca recibieron respuesta y fue hasta el día del cierre de la radio que se enteró que figuraba en calidad de indiciada en un proceso penal en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación por violar la Ley General de Bienes Nacionales en el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radiofónico sin autorización.
Otro caso. El 30 de junio pasado, el Juez Quinto de Distrito en materia penal con sede en Nuevo León dictó orden de formal prisión contra de Héctor Camero, operador de la radio comunitaria Tierra y Libertad, por el mismo delito, cuya sanción alcanza los 12 años de prisión.
Esta estación fue cerrada el 6 de junio de 2008 en un operativo en el que participaron 120 elementos de la policía federal, quienes, según los testimonios de los operadores de la radio, cometieron uso excesivo de la fuerza.
Un caso más ocurrió el 9 de septiembre de 2008, cuando fue cerrada de la misma manera la radio zapoteca La Rabiosa, de Villa la Zaachila, Oaxaca.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez —organización que ha asumido la defensa de los indiciados— manifestó que esta “es una clara política de criminalización contra las radios comunitarias porque implica el uso discrecional del sistema de procuración de justicia” y pone en riesgo la democracia, pues las radios comunitarias son unos de los pocos espacios con que cuentan las comunidades indígenas para ejercer su derecho a la libertad de expresión.
EL UNIVERSAL solicitó información a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a través de las respectivas áreas de Comunicación Social para que manifestaran su posición al respecto, pero no hubo respuesta a las peticiones.
Senado exige parar represión a radios comunitarias
El senador Carlos Sotelo se pronunció por una tregua al cierre de radios indígenas y realicen un padrón de ellas
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado pidió al gobierno federal una tregua al cierre de radios comunitarias que no tienen permiso para operar.En entrevista el presidente de esa comisión, Carlos Sotelo, opinó que con ese pretexto las radios comunitarias indígenas son víctimas de violación a los derechos humanos y de la libertad de expresión.
PRI y PRD en el Senado retomarán el tema de las reformas a ley de radio y tv
Ello, con miras a impedir que el gobierno de Felipe Calderón siga avanzando en torno a un acuerdo administrativo para el paso de las estaciones de frecuencia AM a FM sin tomar en cuenta al Congreso.
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el perredista Carlos Sotelo, informó que hay incluso un dictamen desde hace 10 meses en torno a las dos iniciativas sobre la digitalización en radio: la que él mismo presentó y la del priísta Manlio Fabio Beltrones.
Sotelo hizo notar que entonces no hubo acuerdo, ya que el PRI no aceptó sus propuestas de modificar la norma oficial mexicana de separación entre frecuencias, para abrir espacio a más estaciones de radio y televisión, ni el cobro de una contraprestación por los llamados “combos”, es decir, por la revalidación de la concesión en el caso de estaciones de AM que pasen a FM.
La iniciativa de Beltrones sobre “combos” establece el paso a la digitalización de la radio sin pago alguno, pero en esta coyuntura, “ante el fracaso del acuerdo del Ejecutivo para la transición digital, debe retomarse la posibilidad de un dictamen consensado de las iniciativas del PRI y el PRD”.
La intención, explicó, es que el dictamen se presente y discuta en el próximo periodo de sesiones, luego de un acuerdo no sólo entre todas las fuerzas políticas, para resolver el asunto de los combos e integrar otros relevantes, como refrendos, medios electrónicos públicos, comunitarios e indígenas.
Respecto de la información de que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, tiene ya listo un calendario para la entrega de combos en las seis regiones del país, Sotelo aclaró que “es un refrendo de su falta de seriedad”.
Recordó que luego de que Beltrones presentó su iniciativa, el presidente Calderón publicó, en septiembre del año pasado, un acuerdo “con un marcado interés electoral en beneficio del partido en el poder” a los concesionarios y permisionarios de AM.
Recientemente, en un discurso en Nuevo Vallarta, Molinar Horcasitas ofreció a los concesionarios que ante la dificultad para legislar, el Ejecutivo valoraba medidas también administrativas para atender el asunto de los refrendos.
“Ello fue inexacto, poco serio, porque en un año ni siquiera han resuelto la asignación de frecuencias en la primera de las seis regiones, y no veo cómo podrían avanzar, además de que significa que intentan hacer a un lado al Congreso”.
En la fracción priísta, que coordina Beltrones, hay también decisión de impedirlo, a través de las reformas a la legislación de medios electrónicos.
viernes, 17 de julio de 2009
Medios de comunicación y cultura indígena en ambientes interculturales.
16 hrs. Salón C031.
El caso del Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas: una aproximación a las redes autónomas de comunicación indígena.
Juan Mario Pérez Martínez
Programa México Nación Multicultural/ UNAM
México.
La red de comunicadores Boca de Polen: Multiculturalidad, medios de comunicación y cultura indígena.
Eugenio Bermejillo
Chiapas expediente nacional/ Radio UNAM
México
Indígenas y medios de comunicación.
Mardonio Carballo
Conductor del programa "De raíz luna” Canal 22
México.
La literatura en lenguas indígenas. El caso de Escritores en Lenguas Indígenas, un proyecto intercultural.
Pedro Martínez Escamilla
ELIAC-Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas A.C
México.
Traducir al náhuatl Esperando a Godot de Beckett: pertinencia y preservación de la diversidad lingüistica.
Patrick Johansson
UNAM- Libros de Godot
México.
Versistas de la escena: la maroma campesina. Multimedia de investigación.
Luz María Robles Dávila
Omar Moscoso Bravo
Centro de Investigación y Documentación Teatral Rodolfo Usigli /CITRU-INBA
México
Derechos de los pueblos y barrios originarios en el Distrito Federal
Fabiola Poblano Ramos
Presidenta del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal
Gobierno de la Ciudad de México
Más información aquí...
miércoles, 1 de julio de 2009
Cuando comunicar se vuelve un crimen
Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.
Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.
El primero de junio pasado Camero, que es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.
Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.
La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.
También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.
El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.
Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.
Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.
Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.
Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.
La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.
¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?
Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.
Testimonio Garifuna desde Honduras
Miriam Miranda