Lunes, 20 de Julio de 2009 18:32
MEXICO, D.F., julio 20 (EL UNIVERSAL).- Las radios comunitarias acusan represión por parte del Estado. En lo que va de la actual administración, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha denunciado el allanamiento en al menos tres radios comunitarias de Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, a donde ha llegado la Policía Federal con violencia para asegurar los equipos.
Los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron porque el Estado garantice la apertura de espacios democráticos en los medios y otorgue permisos para operar radios del Estado, privadas y comunitarias.
MEXICO, D.F., julio 20 (EL UNIVERSAL).- Las radios comunitarias acusan represión por parte del Estado. En lo que va de la actual administración, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) ha denunciado el allanamiento en al menos tres radios comunitarias de Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, a donde ha llegado la Policía Federal con violencia para asegurar los equipos.
Los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron porque el Estado garantice la apertura de espacios democráticos en los medios y otorgue permisos para operar radios del Estado, privadas y comunitarias.
Frank La Rue, relator para la libertad de expresión de la ONU, manifestó en una entrevista con la sección KIOSKO de EL UNIVERSAL, que los actos de represión contra las radios comunitarias son una tendencia en Latinoamérica.
Aleida Calleja, vicepresidenta internacional de AMARC, informó que en México operan alrededor de 200 radios comunitarias, de las que sólo 13 tienen permiso y otras seis esperan recibir la autorización. Sin embargo, destacó que eso se debe a que no hay mecanismos que agilicen la entrega de los permisos y son cada vez más las dificultades que tienen que sortear para poder operar.
“A veces el argumento es que las radios comunitarias corren el riesgo de ser empleadas por grupos criminales para incitar a la violencia o cosas así, pero nosotros decimos que mientras no haya una regulación adecuada también ese riesgo lo corren las estaciones comerciales por ilícitos como el lavado de dinero”, consideró Aleida Calleja.
Rosa Cruz, integrante de la radio comunitaria Uekakua, del municipio de Ocumicho, Michoacán, denunció que el 29 de enero pasado, 100 elementos de la AFI acudieron a las instalaciones y “con uso desmedido de la fuerza” cerraron la estación. “La policía nos amenazó a todos los que estábamos ahí, incluso a niños. A uno de ellos le taparon la boca y le lastimaron la mano”, relató.
Aseguró que desde 2002 solicitaron permiso para transmitir, pero nunca recibieron respuesta y fue hasta el día del cierre de la radio que se enteró que figuraba en calidad de indiciada en un proceso penal en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público de la Federación por violar la Ley General de Bienes Nacionales en el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radiofónico sin autorización.
Otro caso. El 30 de junio pasado, el Juez Quinto de Distrito en materia penal con sede en Nuevo León dictó orden de formal prisión contra de Héctor Camero, operador de la radio comunitaria Tierra y Libertad, por el mismo delito, cuya sanción alcanza los 12 años de prisión.
Esta estación fue cerrada el 6 de junio de 2008 en un operativo en el que participaron 120 elementos de la policía federal, quienes, según los testimonios de los operadores de la radio, cometieron uso excesivo de la fuerza.
Un caso más ocurrió el 9 de septiembre de 2008, cuando fue cerrada de la misma manera la radio zapoteca La Rabiosa, de Villa la Zaachila, Oaxaca.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez —organización que ha asumido la defensa de los indiciados— manifestó que esta “es una clara política de criminalización contra las radios comunitarias porque implica el uso discrecional del sistema de procuración de justicia” y pone en riesgo la democracia, pues las radios comunitarias son unos de los pocos espacios con que cuentan las comunidades indígenas para ejercer su derecho a la libertad de expresión.
EL UNIVERSAL solicitó información a las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a través de las respectivas áreas de Comunicación Social para que manifestaran su posición al respecto, pero no hubo respuesta a las peticiones.
