Rosa Rojas
Una solicitud para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no criminalice a las radios indígenas y comunitarias que operan sin concesión; reservarles hasta un 30% de las nuevas frecuencias; flexibilizar los trámites para que dichas radios obtengan sus concesiones y asegurar el acceso al uno por ciento de la publicidad oficial que por ley les corresponde, hicieron integrantes del Grupo de incidencia en políticas públicas para los medios de comunicación comunitarios e indígenas (GIPPMCCI) a los miembros del pleno del organismo.
En dicha reunión estuvieron presentes el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras y los y las consejeras Ernesto Estrada, Adriana Sofía Labardini, Mario Fromow, Adolfo cuevas y María Elena Estavillo. Por el GIPPMCCI asistieron miembros de las organizaciones Boca de Polen; Redes AC; Agencia Internacional de Prensa India, Red de Radios Indígenas de Michoacán; Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México; Congreso Nacional de Comunicación Indígena; Cholollan Radio; Grupo de Trabajo sobre Legislación de Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas y Comunicación Mixteca de la Costa.
Las y los participantes del GIPPMCCI presentaron a los comisionados del IFT -el 26 de mayo- algunos de los requerimientos de las radios indígenas y comunitarias (RIC), como el evitar que se les solicite información y documentación excesiva e innecesaria para el trámite de concesión.
También que no se les exija que realicen alteraciones innecesarias a las actas constitutivas de las organizaciones para que digan exactamente lo que el formulario para la obtención de la concesión requiere sino “comprender que en el sentido general de las mismas se incluyen los principios que deben estar presentes”; que no se les obligue a protocolizar las actas ante notario sino que dichos principios puedan declararse por medio de actas de las y los integrantes de cada asociación civil, porque los notarios cobran entre 8 mil y 12 mil pesos por ese trámite, cantidad con la que no cuentan las RIC, cuyos recursos son precarios.
Sobre el particular la comisionada Labardini comentó que la ley no exige la protocolización notarial y que podría ser que la asamblea comunitaria o de asociados de la organización tome el acuerdo de suscribir los principios que se requieren y esa acta es válida legalmente por lo que pidió que se analice conforme al Código Civil si adoptar esos requisitos de equidad de género, etcétera, requiere protocolización notarial. “Lo que me interesa es que practiquen esos principios y no que un notario se haga rico con la protocolización” afirmó.
Se planteó a los comisionados la necesidad de que en la campaña “Se busca por robo” del IFT haya una distinción entre los medios que operan sin concesión, evitando ponerlos a todos en un mismo saco, pues por un lado están los medios comerciales, esotéricos, religiosos, partidistas o de otra naturaleza que dicen ser comunitarios y por otro los que cumplen una función social. Las RIC cuentan con un reconocimiento y protección en la Constitución e incluso en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, indicaron los exponentes. Se subrayó que hay una asignación de concesiones “donde los criterios de equidad y pluralidad no se reflejan en la realidad”.
Sobre dicha campaña el comisionado presidente Gabriel Oswaldo Contreras, mencionó que él la puso en marcha pero ninguno de los otros comisionados estará enterado; que no se llamó “se busca por robo” sino que ese fue uno de los elementos porque hay una inercia que se está combatiendo dado que hay presidentes municipales que “tienen la osadía de inaugurar radiodifusoras que están interfiriendo… incluso comunicaciones aéreas” y otras que dijo “están siendo utilizada por narcos”. Sin embargo apuntó que ninguno de los presentes en la reunión ha sido molestado, subrayó que es ilegal el uso del espectro sin concesión y que se está en la etapa de que todos los medios de comunicación indígena operen dentro de la ley.
Los integrantes del GIPPMCCI propusieron que el IFT establezca un protocolo claro y transparente en sus acciones de decomiso para que cuando su unidad de espectro detecte una señal que se emite sin concesión se determine mediante un estudio si ésta causa interferencias a otras emisoras con concesión. Dicho protocolo debe ser construido conjuntamente a partir de un diálogo con la unidad jurídica del IFT, de manera participativa con la visión de las comunidades indígenas. No es necesario llegar con Policía Federal a decomisar los equipos se indicó, solicitando que se haga una campaña informativa a los medios y se entre en diálogo con ellos.
Al respecto el comisionado Adolfo cuevas manifestó que no coincide en que haya plazos distintos para una radio ilegal por ser indígena y otra que no lo sea; “no puedo entender que haya impunidad a un medio ilegal así sea indígena… no a un régimen especial de impunidad” apuntó.
Se solicitó asimismo la creación de un grupo de trabajo para analizar los problemas que afrontan las RIC en proceso de transición de permisionarias a concesionarias porque existen, se dijo, muchas contradicciones e incoherencias en ese tránsito que no se resuelven y mientras se acerca la fecha fatal para cumplir con los requisitos, que es el 30 mayo.
Se expuso que en el caso particular de la criminalización que se hace al uso radioeléctrico por parte de las RIC “hay una sobrerreacción… que esté escrito en el código penal federal no quiere decir que es más justo… no necesariamente la ley es justa. Sabemos que el IFT está para regular, a lo que apelamos es a una aproximación pro-persona desde un lado distinto, por qué hacer una persecución por robo cuando habría un paso previo: decir vamos a regularizar a las comunidades que ya están haciendo uso del espectro radioeléctrico y es necesario reforzar las estrategias de comunicación”.
Se solicitó también un apartado en el sitio web del IFT con información para los pueblos indígenas que incluya la legislación que les atañe, situación de sus trámites y otras cuestiones, algo que ya se había pedido antes y se les contestó que debería tramitarse a través de la unidad de Comunicación Social, lo que se hizo pero no se ha tenido respuesta. En esta sección se dijo, podría estar el estudio de disponibilidad espectral en un pueblo o región.
En relación con el uno por ciento de la publicidad oficial que por ley le corresponde a las RIC, se pidió que el IFT “ponga el ejemplo” a las otras dependencias oficiales y establezca un mecanismo funcional para que las radiodifusoras accedan a la misma porque “el principal medio de censura sutil en México” es el no otorgamiento de la publicidad. Si las RIC no la reciben no se garantizan sus condiciones de sostenibilidad.
Se planteó además que dentro de los lineamientos de los derechos de las audiencias se incluya la pluralidad de contenido, el uso de las lenguas indígenas en medios comerciales y públicos; se indicó que el GIPPMCCI puede hacer un catálogo de producciones que podrían incluirse en dichas transmisiones y se propuso que el IFT haga un estudio de cuál es el tratamiento a los pueblos indígenas en medios públicos y comerciales.
Se propuso igualmente crear un grupo de trabajo para desarrollar una propuesta de políticas públicas respecto a quién es responsable para que las RIC cuenten con recursos para su desarrollo. Es importante poner un agente de enlace y hacer una reunión con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas así como la respectiva Comisión de la Cámara de Diputados para ver cómo se superan estos pendientes.
Finalmente se dijo que todas estas propuestas se entregarían en forma detallada dentro de los próximos 15 días y se esperaría una respuesta del IFT en los siguientes 15 días. El presidente comisionado señaló que los integrantes del pleno del Instituto deben discutir internamente en forma colegiada y que en no más de 15 días después de recibir la propuesta mencionada se daría una respuesta puntual a cada uno de los planteamientos realizados, con propuestas de acciones específicas. Designó como enlace con el GIPPMCCI a Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT.
Fuente: Rosa Rojas
