Organizaciones sociales en defensa de la libertad de expresión lanzaron una alerta por los actos de represión y hostigamiento contra integrantes de la radio comunitaria Ñomndaa, La Palabra del Agua, en el municipio de Xochistlahuaca, además exigieron a las autoridades el cese a la criminalización contra los activistas. Los organismos civiles Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) lanzaron una alerta en Libertad de Expresión, luego de que el juez de primera instancia con sede en Ometepec dictó auto de formal prisión a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de esa radio comunitaria, quien fue acusado, junto con otros 30 indígenas, del delito de privación ilegal de la libertad y robo contra el hermano de la diputada local priísta Aceadeth Rocha Ramírez.
A pesar de que en su declaración, Valtierra Arango manifestó que el día en que sucedieron los hechos –5 de octubre de 2008– él estaba en Xochistlahuaca y no en Arroyo Grande, el juez dictó auto de formal prisión.
El resto de los acusados les dictaron auto de libertad, luego de que el supuesto testigo se retractó ante el juez y afirmó que fue obligado a declarar en contra de los opositores.
Valtierra Arango sostuvo que la persecusión se debe al trabajo que han desempeñado en la radio comunitaria.
Los organismos sociales indicaron que el uso arbitrario del sistema penal ha sido documentado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como una forma de obstaculizar la defensa de los derechos humanos.
De hecho, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha exhortado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “a no criminalizar la labor de las radios comunitarias”, debido a que sólo realizan una función social.
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